Una Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump ha supuesto, en la práctica, una dificultad añadida para el desempeño de las funciones de traductor para unos cuantos ciudadanos procedentes de siete países (por el momento): Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
La Orden del Presidente de Estados Unidos ha sido de inmediato cumplimiento, lo que desató el caos normativo y organizativo. En apenas unas horas desde su entrada en vigor se había producido la detención de 27 personas, a algunas de las cuales la implantación de la normativa les pilló en pleno vuelo y sin previo conocimiento, algo de dudosa legalidad según los expertos.
Una de estas personas es Hamir Khalid Darweesh, ciudadano iraquí que había recibido un visado especial para colaborar en tareas de traductor con el propio Ejército estadounidense y que prestaba sus servicios para la institución desde 2003. Su detención ha levantado tal polvareda que su puesta en libertad se ha convertido en un motivo de Estado. Se estima que esta situación puede extenderse a más de un profesional de la traducción, nativo de los países objeto de la prohibición.
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