Un problema al realizar la traducción de una sentencia judicial está ocasionando un retraso en su aplicación que sobrepasa ya el medio año. Hace seis meses, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca ordenó, en primera instancia, el derribo de un complejo ilegal en la localidad ibicenca de Es Cubells.

En la sentencia, emitida en catalán, se establecía que era preciso demoler casi 2.000 metros cuadrados de construcciones edificadas sin licencia y que la responsabilidad de dicha labor recaía en la empresa responsable de su construcción, Inversiones Hoteleras El Faro. Ante dicha situación, la compañía solicitó su traducción al castellano.

No obstante, seis meses después, la sentencia continúa sin traducirse debido, según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a la existencia de -un severo problema- de falta de traductores. La ley establece que el castellano es la lengua de conocimiento y uso obligatorio por los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios pero que se puede utilizar la lengua propia de cada comunidad siempre que una de las partes no se oponga por -un desconocimiento que genera indefensión-.

En la actualidad, la traducción de sentencias de causas contencioso-administrativas puede llegar a acumular retrasos de hasta un año, al darse prioridad a cuestiones de carácter penal y a procedimientos de urgencia.

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