APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados) ha denunciado la situación de intrusismo y precariedad laboral que se vive en la Justicia española durante una jornada informativa organizada con motivo del décimo aniversario de su constitución.

Durante el transcurso del evento se puso de manifiesto cómo la falta de control de los intérpretes judiciales conlleva una degradación de uno de los pilares del Estado social de derecho como es la Justicia.

En el año 2016 el Defensor del Pueblo admitió una queja por parte de distintas asociaciones de este colectivo, así como de universidades que imparten grados sobre la materia, donde se denunciaba el problema y se documentaban casos de mal funcionamiento del sistema.

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