Desde Linguaserve hemos advertido en los últimos meses una proliferación en la oferta de servicios autodenominados como “traducción jurada”. Con el fin de aclarar conceptos, y sin ánimo de entrar en polémicas ni disputas, entendemos que resultan imprescindibles proporcionar algunas consideraciones estratégicas sobre dicho asunto.

Por traducción jurada se entiende la prestada por un traductor reconocido y autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para traducir al castellano todos aquellos documentos escritos en lengua extranjera que necesiten tener un carácter oficial. Los profesionales que la prestan deben cumplir tres requisitos: tener estudios universitarios, carecer de antecedentes penales y aprobar un examen en el Ministerio de Asuntos Exteriores para cada idioma en el cual el examinando desee obtener esta acreditación.

En el caso concreto español es la certificada por un traductor-intérprete jurado debidamente habilitado por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. El traductor-intérprete jurado da fe de la fidelidad e integridad de sus traducciones que, provistas de su sello y firma, gozan de oficialidad. De ahí su utilización a la hora de gestionar documentos como escrituras notariales, documentos registrales, documentales judiciales y policiales o procedimientos administrativos y documentos privados (por el contrario, para otra clase de documentos su uso carece de sentido).

Y dos apuntes adicionales: en primer lugar, ninguna traducción elaborada por una persona que no sea traductor jurado puede aceptarse como prueba en España (la única excepción a este principio son las traducciones hechas por personas con un nombramiento equivalente en otros países de la Unión Europea); y, en segundo término, la traducción jurada supone unas evidentes dosis de responsabilidad, lo que implica que sólo puede ser encomendada a un profesional con muy elevados niveles de cualificación, además de los requisitos legales anteriormente indicados.

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